Perú

Crecimiento resistente a pesar de la incertidumbre en las condiciones internas y externas

El crecimiento económico experimentó un repunte espectacular en 2024, impulsado por una recuperación generalizada de la demanda interna y unas condiciones externas favorables. La confianza de las empresas y de los consumidores mejoró. La disminución de la inflación y el aumento de los ingresos reales respaldaron el gasto de los hogares a lo largo de todo el año. La inversión cobró fuerza, respaldada por la mejora de las condiciones crediticias y la estabilidad política, así como por un sólido repunte de las importaciones de bienes de capital.

En 2025, se prevé que el crecimiento de Perú continúe a un ritmo moderado, impulsado una vez más por una demanda interna resistente. El consumo privado, que representa el 66 % del PIB, seguirá siendo el principal motor del crecimiento, respaldado por unas condiciones sólidas del mercado laboral, unos salarios más altos —incluido el reciente aumento del salario mínimo— y una inflación moderada, factores que, en conjunto, impulsan el poder adquisitivo de los hogares. La inversión también seguirá siendo dinámica, impulsada por un clima empresarial favorable, el aumento de la inversión extranjera directa en los sectores de la minería, las comunicaciones y la energía, y la mejora de las perspectivas de ejecución de proyectos. Sin embargo, el crecimiento se desacelerará, debido principalmente a la ralentización económica mundial, que se ve agravada por la política comercial exterior del presidente de EE. UU., Trump. Es probable que esta política desencadene medidas de represalia, inflacione los precios y perturbe las cadenas de suministro mundiales, lo que afectará a la confianza empresarial y a las decisiones de inversión en todo el mundo. A pesar de estos retos, la sólida producción de cobre y oro, así como el aumento de los envíos de productos agrícolas y mariscos, permitirán que las exportaciones netas contribuyan de manera significativa al crecimiento, complementando la recuperación interna y ayudando a compensar el posible lastre derivado de un menor apoyo fiscal. Se espera que el turismo registre buenos resultados, impulsado por iniciativas como el programa «Pueblos con Encanto», que promueve el turismo rural y las prácticas sostenibles. Además, el sector agrícola se beneficiará del aumento de las exportaciones de productos no tradicionales, como el cacao y el café.

Sólida posición exterior y consolidación fiscal a la vista

El superávit por cuenta corriente en 2024 mejoró considerablemente gracias a unos términos de intercambio favorables, respaldados por una balanza comercial que se mantuvo sólida, en un contexto de robustas exportaciones mineras y agrícolas, el auge de las ventas de harina de pescado y un crecimiento moderado de las importaciones durante la mayor parte del año, a pesar de la recuperación gradual de la demanda interna. El déficit de los servicios se redujo aún más, beneficiándose de una recuperación constante del turismo, mientras que la bajada de los costes de transporte contribuyó a estabilizar las importaciones de servicios. En 2025, se prevé que el superávit por cuenta corriente disminuya moderadamente, como reflejo de una reducción del superávit comercial a medida que el crecimiento de las importaciones se acelere junto con un consumo interno robusto. Las exportaciones mineras —especialmente de cobre, que representan el 40 %— se mantendrán sólidas, pero se verán parcialmente compensadas por el aumento de las importaciones de bienes de consumo y de capital. Al mismo tiempo, el déficit de la renta primaria se ampliará debido al aumento de la repatriación de beneficios por parte de las empresas extranjeras, mientras que se prevé que el superávit de la renta secundaria se mantenga estable, respaldado por unos flujos constantes de remesas. Se prevé que la inversión extranjera directa (3 % del PIB) siga aumentando, sobre todo en los sectores extractivo, financiero y de las comunicaciones, lo que reforzará la ya sólida posición exterior de Perú. Dado que las reservas de divisas siguen siendo abundantes (cubren 18 meses de importaciones en marzo de 2025) y la deuda externa (el 56 % de la cual está en manos del sector privado) sigue una tendencia a la baja, hasta alcanzar el 37 % del PIB en 2024, las vulnerabilidades externas son limitadas y Perú se encuentra bien posicionado para hacer frente a posibles perturbaciones externas.

En el ámbito presupuestario, el déficit se amplió a principios de 2024, debido principalmente al aumento del gasto público destinado a apoyar la recuperación económica, pero comenzó a reducirse hacia finales de año, respaldado por unos ingresos fiscales más sólidos y un crecimiento del gasto aún moderado. El repunte del consumo privado y la mejora de la dinámica del mercado laboral impulsaron la recaudación del IVA y del impuesto sobre la renta, mientras que el gasto relacionado con las infraestructuras siguió lastrando las cuentas. Para 2025, se espera que el déficit se reduzca aún más, aunque es probable que se mantenga por encima del límite legal del 2,2 % del PIB. La evolución de los ingresos debería seguir mejorando gracias a la sólida demanda interna, al aumento de los precios del cobre y al incremento del empleo formal. Sin embargo, el gasto público actual, en particular en infraestructuras y salarios públicos, mantendrá el gasto en niveles elevados.

Inestabilidad en un panorama político fracturado

Tras el fallido autogolpe del anterior presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, Perú ha ido saliendo poco a poco de una de sus crisis políticas más graves de las últimas décadas. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, ocupa la presidencia desde entonces, pero su Gobierno sigue enfrentándose a índices de aprobación históricamente bajos (3 % en marzo de 2025) y a una fragilidad institucional persistente. No obstante, el año 2024 se caracterizó por una relativa calma social, favorecida por la mejora de las condiciones económicas, en particular la caída de la inflación y el repunte del empleo y la inversión, factores que contribuyeron a reducir la intensidad de las movilizaciones antigubernamentales.

El giro hacia la derecha de Boluarte y su alianza con fuerzas centristas y conservadoras en el Congreso han proporcionado estabilidad a corto plazo y la han protegido de los intentos de destitución por parte de la izquierda. Sin embargo, esta alianza sigue siendo frágil, dada la profunda fragmentación y el oportunismo de la política peruana. A medida que se acercan las elecciones generales de abril de 2026, la brecha entre la población, por un lado, y el ejecutivo —profundamente impopular— y el Congreso —que genera desconfianza—, por otro, podría ampliarse, especialmente si se ralentiza el impulso económico o se intensifican las presiones sociales como la delincuencia, la desigualdad o los fenómenos meteorológicos extremos. Esta situación se ha visto agravada por la reintroducción de un sistema legislativo bicameral —con un Senado de 60 escaños que se suma a la Cámara de Diputados de 130 escaños— y por la posibilidad de que los congresistas puedan ser reelegidos indefinidamente a partir de 2026, cambios que fueron rechazados en referéndum en 2018. No se puede descartar un escenario en el que Boluarte no complete su mandato, pero el propio interés del Congreso en evitar elecciones anticipadas (dado que anteriormente se prohibía a los diputados la reelección inmediata) podría actuar como factor estabilizador.

De cara al futuro, es probable que el discurso político esté dominado por las preocupaciones en materia de seguridad, con candidatos de derecha a la cabeza de las primeras encuestas gracias a sus programas de mano dura contra la delincuencia. En el ámbito internacional, Perú mantendrá relaciones pragmáticas con socios clave como Estados Unidos y China, a pesar de las tensiones existentes con los gobiernos de izquierdas de la región, que siguen cuestionando la legitimidad del actual Gobierno. Además, más de 40 partidos tienen la intención de participar en las próximas elecciones, lo que refleja un panorama político muy fragmentado.

Pago

Se prefiere el pago electrónico tanto para transacciones de alto valor como de bajo valor. En Perú es habitual emitir cheques posfechados. Las transferencias bancarias se utilizan tanto para transacciones de alto valor como de bajo valor. La mayoría de las transferencias electrónicas de bajo valor en Perú siguen realizándose entre cuentas del mismo banco, lo que se conoce como transacciones intrabancarias o «on-us». Las letras de cambio son un instrumento de pago muy utilizado para el cobro de deudas.

Cobro de deudas

El sistema judicial peruano tiene una estructura jerárquica. La Corte Suprema es el tribunal de mayor rango, seguida de los tribunales especializados en derecho civil, penal, constitucional y laboral. Por encima de la Corte Suprema, en cada distrito judicial, se encuentran los tribunales que se ocupan de los asuntos de derecho civil y mercantil. Los Juzgados Especiales se encuentran en las principales ciudades del país y se ocupan de asuntos relacionados, entre otros, con el derecho civil y mercantil. A continuación se sitúan los Juzgados de Paz, de carácter profesional, ubicados en las principales ciudades y encargados de casos de escaso valor económico y otros asuntos menores. Por último, los Tribunales de Paz se encuentran en ciudades con menor población y están compuestos por un único juez que puede tener o no la condición de abogado.

Fase amistosa

La fase amistosa en Perú se caracteriza por llamadas telefónicas, recordatorios por escrito, visitas y reuniones, con el objetivo de resolver la deuda entre dos partes sin iniciar un procedimiento judicial.

Procedimientos judiciales

Procedimiento de conciliación

Antes de iniciar un proceso judicial, la legislación peruana exige un proceso de conciliación para alcanzar un acuerdo de liquidación de la deuda. El proceso consta de dos audiencias; si no se llega a un acuerdo, el procedimiento finaliza y ambas partes deben firmar un acta de conciliación, que posteriormente se presenta al inicio del proceso judicial.

Procedimientos acelerados

El texto que figura a continuación hace referencia a la Unidad de Referencia Procesal (URP), que es un valor de referencia según la legislación peruana: cada URP equivale al 10 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que puede utilizarse en la normativa fiscal para determinar bases imponibles, deducciones, límites de afectación y otros aspectos tributarios que el legislador considere oportunos. También puede utilizarse para aplicar sanciones y determinar obligaciones contables. La UIT la fija a principios de año el Ministerio de Economía.

La legislación peruana prevé dos procedimientos acelerados: el proceso sumario se aplica a los casos cuyo valor sea inferior a 100 URP. Los Juzgados de Paz son competentes para importes comprendidos entre 50 y 100 URP. Los demandados disponen de cinco días para presentar una impugnación tras recibir la notificación del juez. En un plazo de 10 días, el juez convoca una vista para la presentación de pruebas, la conciliación, la práctica de la prueba y la sentencia; el «proceso abreviado» se aplica a los casos cuyo valor oscila entre 100 y 1 000 URP. Los Juzgados de Paz son competentes para importes comprendidos entre 100 y 500 URP, mientras que los Juzgados Civiles son competentes en los casos cuyo importe supere los 500 URP. El demandado dispone de 10 días para presentar una impugnación a partir de la admisión de la demanda por parte del juez. La instrucción y la conciliación se examinarán en una única vista. Si la conciliación no ha tenido éxito, el juez señala los puntos controvertidos y las pruebas que deben aportarse o actualizarse. En un plazo de 50 días a partir de la vista de conciliación, el juez fija una vista probatoria.

Procedimientos ejecutivos

Cuando a los acreedores se les adeuda una deuda indiscutible y cierta, pueden iniciar un procedimiento ejecutivo. El deudor dispone de cinco días a partir de la notificación para presentar su contestación. El juez dictará sentencia, tras lo cual cada parte dispone de un plazo máximo de tres días para interponer recurso.

Procedimiento ordinario

El procedimiento ordinario se aplica a los casos cuyo valor supere los 1 000 URP. El demandante presenta una demanda por escrito ante el tribunal. El demandado puede presentar un escrito de contestación en el que exponga los hechos en los que pretende basar su defensa, en un plazo de 30 días a partir de la notificación del escrito de demanda. Si la demanda está completa (es decir, incluye toda la información pertinente), el juez fija una vista de conciliación. Si las partes llegan a un acuerdo, este tiene el mismo efecto que una sentencia. Si no se alcanza un acuerdo, el juez convoca una vista en un plazo de 50 días a partir de la vista de conciliación. El procedimiento finaliza cuando el juez dicta su resolución. La duración del procedimiento depende principalmente de la naturaleza del conflicto, el número de partes implicadas, las alegaciones que se planteen y la carga de trabajo del juez encargado del proceso. Teniendo en cuenta estos criterios, una sentencia en primera instancia en un caso típico de litigio mercantil puede tardar entre doce y dieciocho meses aproximadamente.

Ejecución de una resolución judicial

Una sentencia nacional adquiere carácter definitivo y ejecutorio una vez agotadas todas las vías de recurso. El juez de primera instancia se encarga de la ejecución de las sentencias y dictará un auto de ejecución en el que ordenará a la parte correspondiente que cumpla la sentencia en un plazo de cinco días hábiles. Si no se cumple la orden en el plazo de cinco días, el juez deberá ordenar el embargo de los bienes del deudor para subastarlos. En el caso de sentencias extranjeras, los acreedores con domicilio en Perú deben presentar una demanda ante el Tribunal Superior correspondiente al lugar de domicilio del deudor. El tribunal evaluará si la sentencia extranjera es compatible con la legislación peruana y con los tratados internacionales entre ambos países. Si se determina que cumple con los requisitos, el juez autorizará la ejecución de la sentencia en la jurisdicción peruana.

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Procedimientos de insolvencia

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es el organismo administrativo especializado que se ocupa de los procedimientos de insolvencia.

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PROCEDIMIENTOS EXTRAJUDICIALES: PROCEDIMIENTO PREVENTIVO

El procedimiento preventivo tiene por objeto proporcionar un foro para que los deudores alcancen un acuerdo de reestructuración consensuado con sus acreedores. Se trata de un proceso acelerado que solo pueden iniciar los deudores.

El PARC fue creado por el INDECOPI para prevenir la insolvencia y la quiebra de aquellas empresas que, debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus, carecen de liquidez para cumplir con sus obligaciones. Este procedimiento está regulado en el Decreto Legislativo n.º 1511 y su Reglamento.

Con este procedimiento concursal, el Indecopi ofrece una alternativa que busca reestructurar las obligaciones impagadas de la entidad calificada, evitar su insolvencia, la pérdida de actividad empresarial y de fuentes de empleo y, con ello, contribuir a la recuperación del crédito y a la continuidad de la cadena de pagos en la economía nacional.

Acoger el PARC es muy sencillo, rápido y seguro, ya que todo el procedimiento se lleva a cabo de forma virtual.

REORGANIZACIÓN

Si los acreedores deciden permitir que sus deudores se reestructuren, se les pedirá que aprueben un plan de reorganización en un plazo de 60 días a partir de la decisión de proceder a la reorganización. Tanto la decisión de reorganizarse como el plan de reorganización deben ser aprobados por más del 66,6 % de los créditos admitidos. Durante el proceso, los acreedores deciden si permiten que la dirección del deudor continúe gestionando la empresa o si la sustituyen. Una vez aprobado el plan de reorganización y pagadas todas las reclamaciones previas a la publicación según sus condiciones, el INDECOPI dicta una resolución en la que se declara la conclusión formal del procedimiento de reorganización.

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LIQUIDACIÓN

Si los acreedores deciden proceder a la liquidación, se nombrará a un liquidador en la Junta de Acreedores a partir de la lista inscrita en el INDECOPI o con arreglo a la Ley General de Sociedades n.º 26887. Se le pedirá que apruebe un plan de liquidación para el deudor y que decida si se debe autorizar a este a continuar con su actividad empresarial durante la liquidación. Ya sea voluntaria o involuntaria, el liquidador debe seguir un orden obligatorio en el pago de las reclamaciones. Para concluir el proceso de liquidación, el liquidador presenta una solicitud ante el Registro Público con el fin de inscribir la extinción de la sociedad. No obstante, si quedan acreedores sin cobrar, el liquidador deberá presentar una solicitud ante un juez civil para obtener una declaración judicial de quiebra.

Última actualización: abril de 2025