México

América del Norte

PIB per Capita ($)
$13641.0
Población (en 2021)
131,0 millones

Evaluación

Riesgo País
B
Clima empresarial
B
Antes
B
Antes
B
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Resumen

Fuerzas

  • Proximidad geográfica a la economía estadounidense
  • Pertenencia al T-MEC, al CPTPP y a la Alianza del Pacífico
  • Importante base industrial (20 % del PIB)
  • Un banco central de gran credibilidad
  • Tipo de cambio flotante
  • Reservas de divisas adecuadas
  • Una mano de obra numerosa, con un nivel educativo general elevado y relativamente competitiva

Debilidades

  • Excesiva dependencia de las exportaciones a EE. UU. (el 80 % del total, el 27 % del PIB) y de las remesas de los expatriados
  • Alta tasa de criminalidad vinculada a los cárteles de la droga y al tráfico ilícito, corrupción generalizada que se aprovecha de la pobreza y la desigualdad
  • Deficiencias en los sectores del transporte, la sanidad y la educación; fuertes desigualdades regionales y sociales
  • Elevada informalidad en la economía y el mercado laboral (55 %)
  • Base impositiva reducida, con unos ingresos fiscales que representan el 17 % del PIB
  • El sector petrolero y PEMEX, mermados por años de falta de inversión, constituyen un pasivo contingente para el Estado
  • Exposición a huracanes y sequías

Intercambios comerciales

Exportaciónde mercancías en % del total

Estados Unidos
83%
Europa
3%
Canadá
3%
China
2%
Corea del Sur
1%

Importación de mercancías en % del total

Estados Unidos 41 %
41%
China 20 %
20%
Europa 9 %
9%
Corea del Sur 4 %
4%
Japón 3 %
3%

Evaluaciones de Riesgo Sectorial

Perspectiva

This section is a valuable tool for corporate financial officers and credit managers. It provides information on the payment and debt collection practices in use in the country.

Un repunte moderado en medio de una incertidumbre persistente

Se prevé que el crecimiento se recupere lentamente en 2026 tras el estancamiento virtual de 2025. A raíz de la guerra comercial iniciada por la Administración Trump, la apuesta de México por un modelo de crecimiento orientado al mercado estadounidense y por atraer inversiones de nearshoring parece estar resultando un arma de doble filo. La adhesión al T-MEC ha otorgado hasta ahora a las exportaciones mexicanas un alto grado de protección frente a los aranceles (véase la exención de los aranceles de la Sección 232 sobre automóviles y piezas de automóvil, así como de los aranceles de la IEEPA). Sin embargo, el auge de la inversión experimentado en 2022-2023 se había basado en la hipótesis de un acceso preferencial a largo plazo al mercado estadounidense. La disipación de la incertidumbre dependerá de cómo se desarrolle la revisión del T-MEC en 2026. Por el momento, los inversores han reaccionado con una actitud de espera, reduciendo desde 2023 el nivel de nuevos flujos de IED, pero aumentando los flujos de reinversión, lo que se traduce en un agregado globalmente estable. Esperamos que esta tendencia persista hasta que tengamos una visión más clara de la situación a largo plazo con EE. UU.

Se prevé que el gasto de capital interno y la inversión no residencial se recuperen solo de forma moderada, mientras que la bajada de los tipos de interés debería impulsar la inversión residencial. Las exportaciones del sector de la automoción disminuyeron un 4 % interanual en el primer semestre de 2025. Sin embargo, las exportaciones de productos electrónicos se han disparado para cubrir ese vacío, beneficiándose del auge del gasto en infraestructuras de inteligencia artificial en EE. UU. Si los aranceles no se intensifican, las exportaciones tendrán margen para crecer, ya que se espera que la demanda procedente de EE. UU. se mantenga. Aunque el sector manufacturero está reduciendo su plantilla, la crisis comercial y la incertidumbre apenas parecen estar afectando al mercado laboral en general (el desempleo se situaba en el 3 % en septiembre de 2025) ni a la demanda interna. A pesar de la moderación del crecimiento salarial, la estabilidad de las transferencias fiscales y la mejora de la confianza de los consumidores deberían dar lugar a un modesto repunte del consumo. Por lo tanto, la actividad del sector de servicios debería seguir registrando un crecimiento moderado. 2026 debería ser el primer año en el que los efectos de la campaña de mano dura contra la inmigración en EE. UU. se hagan plenamente visibles, lo que supondrá un riesgo a la baja para el consumo en forma de una disminución de los flujos de remesas (3,7 % del PIB). A pesar de una inflación subyacente algo persistente, el contexto general sigue siendo desinflacionista, y el banco central debería seguir recortando los tipos de interés hasta situarlos en torno al 7 %.

Vulnerabilidades externas bajo control, un difícil retorno a la disciplina fiscal

Los déficits presupuestarios como el registrado en 2024, impulsado por el gasto preelectoral, envían una señal preocupante para un país que se encuentra a solo una rebaja de perder la calificación de grado de inversión. El Gobierno de Sheinbaum logró, de forma sorprendente, una consolidación fiscal en 2025, pero se prevé que ese progreso se estanque en 2026. Las transferencias sociales seguirán siendo una prioridad fundamental, junto con el gasto en infraestructuras y en defensa y seguridad. Esta última categoría se enfrenta al riesgo de gastos imprevistos relacionados con exigencias repentinas del Gobierno de EE. UU. para endurecer los controles migratorios y las operaciones contra el crimen organizado. Nos mostramos escépticos respecto a las hipótesis del Gobierno sobre el crecimiento nominal, el potencial de recaudación de los aranceles mexicanos aplicados a países no pertenecientes al TLCAN y las medidas para mejorar la recaudación, así como la capacidad para eliminar gradualmente los compromisos con la empresa estatal petrolera, PEMEX. Por lo tanto, el objetivo de déficit del 4,1 % del PIB para 2026 parece algo optimista. Dado el entorno externo altamente volátil de México, esto supone un nivel notable —aunque no inminente— de vulnerabilidad fiscal. El restablecimiento de una trayectoria fiscal saneada dependerá en gran medida del éxito del Plan México, el plan de política industrial insignia de Sheinbaum. Este paquete de seis años tiene como objetivo atraer 277 000 millones de dólares en inversión extranjera (en los sectores de la automoción, el aeroespacial, los semiconductores, la electrónica y el sector farmacéutico) para 2030, pero su fuerte dependencia de los incentivos fiscales implica que puede dar lugar a un exceso de costes. Del mismo modo, queda por ver hasta qué punto tendrán éxito los esfuerzos por restablecer la rentabilidad operativa de Pemex. La petrolera pública representa un pasivo contingente del orden del 6 % del PIB.

Deberíamos seguir observando un aumento gradual del déficit por cuenta corriente, impulsado principalmente por un mayor déficit comercial. La reducción de las entradas por remesas provocará un debilitamiento del superávit de la balanza de rentas (3,5 % del PIB). Aunque el crecimiento de las entradas netas de IED (1,5 % del PIB) ha sido decepcionante, no muestra signos de colapso, sostenido principalmente por la reinversión de beneficios. Por lo tanto, la composición de la financiación de la balanza por cuenta corriente se mantiene estable. Las reservas de divisas cubren cuatro meses de importaciones, la deuda externa es relativamente baja (26 % del PIB, de la cual un tercio corresponde al sector privado) y su servicio está respaldado por un acuerdo de línea de crédito flexible del FMI (1,4 % del PIB) que deberá renovarse a finales de 2027.

El clima empresarial, bajo la presión de las reformas institucionales y la incertidumbre comercial

El partido de izquierdas Morena consolidó su mandato en las elecciones generales de 2024, asegurándose la presidencia con el 61 % de los votos populares y una mayoría cualificada de facto en el Congreso. La presidenta Claudia Sheinbaum sucede a su mentor, Andrés Manuel López Obrador —que sigue siendo influyente—, y continuará aplicando un programa basado en el desarrollo económico impulsado por el Estado, la reducción de la pobreza y la desigualdad mediante el bienestar social y la redistribución, y las reformas institucionales. Entre estas medidas destaca la enmienda constitucional para elegir a los jueces por voto popular, lo que permitió a los magistrados alineados con Morena dominar las elecciones de junio de 2025, en las que estaba en juego la mitad de los escaños. Los detractores de la reforma hacen hincapié en el riesgo de erosión de la independencia judicial, lo que podría socavar los intereses empresariales cuando entren en conflicto con los de las autoridades públicas, o crear brechas para la corrupción. Del mismo modo, organismos reguladores que antes eran independientes han quedado bajo la tutela de miembros del Consejo de Ministros, entre ellos las autoridades de energía, telecomunicaciones y competencia. Se seguirá defendiendo el papel prioritario del Estado en el sector energético (exploración, procesamiento y distribución, incluida la electricidad). La omnipresencia de la delincuencia se está convirtiendo cada vez más en un riesgo para las empresas, ya que a menudo interfiere en las operaciones cotidianas y obliga a las empresas a incurrir en gastos de seguros y seguridad. Se espera que Sheinbaum cumpla un mandato completo, que finalizará en 2030, mientras que todos los escaños de la Cámara de Diputados (la cámara baja) se someterán a elecciones en 2027. Aunque sus índices de aprobación se han mantenido altos, han sufrido un ligero descenso a raíz de los sonados escándalos de corrupción en los que se han visto implicados dirigentes de Morena. Las tensiones latentes dentro del partido resurgen de vez en cuando, pero no deberían degenerar en una lucha fraccional abierta mientras la popularidad personal de Sheinbaum se mantenga fuerte.

La próxima revisión del USMCA será determinante para configurar el entorno empresarial en los próximos años. Nuestra hipótesis de trabajo es que el acuerdo superará la revisión de 2026, aunque es más difícil determinar si será en forma de una prórroga completa (de 2036 a 2042) o si estará sujeto a otra revisión en 2027. Es probable que la liberalización del sector energético sea un importante punto de discordia. A pesar de algunas aperturas a la participación del sector privado, Morena sigue apoyando, en general, el predominio del Estado en todos los niveles de la cadena de suministro energético, mientras que es probable que Estados Unidos presione para lograr una mayor apertura al capital privado extranjero. Otras posibles exigencias, como normas de origen más estrictas (incluido un mayor contenido estadounidense) y estándares laborales más exigentes, pueden erosionar algunas de las ventajas comparativas de México. En el marco de la iniciativa de política industrial «Plan México», el Gobierno ha tratado de introducir nuevos incentivos para el nearshoring (amortización en cuenta de resultados y otras desgravaciones fiscales, requisitos de origen nacional para la contratación pública), pero será necesario aclarar y estabilizar la relación comercial con EE. UU. para restablecer de forma significativa el impulso del nearshoring. El comercio entre México y China seguirá siendo una de las víctimas de la guerra comercial, como demuestran los aranceles introducidos en los presupuestos de 2026, que afectan a aproximadamente el 8 % de las importaciones.

Condiciones de pago y recobro de deuda

Esta sección constituye una herramienta muy útil para los responsables financieros y los gestores de crédito de las empresas. Ofrece información sobre las prácticas de pago y cobro de deudas vigentes en el país.

Pagos

En México, las deudas suelen pagarse mediante cheques, transferencias bancarias y, en algunos casos especiales, tarjetas de crédito. Los procesos de pago corporativos se rigen por las políticas internas de las empresas. La mayoría de las empresas solicitan documentación justificativa a la otra parte antes de proceder con una transacción (por ejemplo, los estatutos sociales de la empresa o su identificación fiscal, conocida como Registro Federal de Contribuyentes). Los documentos más habituales en las transacciones comerciales son las facturas, los pagarés y los cheques. Los pagarés son promesas incondicionales, por escrito, de pagar a una persona una suma de dinero. En México, este documento se utiliza normalmente como garantía de pago por parte del comprador. Lo firma el representante legal del comprador —y, por tanto, el deudor— por un importe superior al importe total de la deuda. Los pagarés y los cheques también sirven como certificados de deuda. Una vez que los compradores disponen de la información pertinente, pueden proceder a realizar los pagos mediante transferencia bancaria o cheque, aunque ambos métodos tardan aproximadamente entre diez y quince días laborables. Las transferencias bancarias son más habituales, ya que los cheques pueden ser posfechados, lo que conlleva el riesgo de que los compradores emitan cheques que no puedan hacer frente.

Cobro de deudas

FACTURAS

En lo que respecta al cobro de deudas, las facturas originales sirven como prueba de la aceptación de la deuda y del establecimiento de una relación comercial entre las partes. De acuerdo con el Derecho mercantil y civil, el contrato mercantil se perfecciona mediante dos elementos: un objeto (en este caso, el producto o el servicio) y el precio del objeto acordado por las partes. Incluso en ausencia de un acuerdo por escrito, una factura aporta ambos elementos. Por lo tanto, las facturas son la forma de prueba más eficaz en caso de litigio, ya que demuestran que las partes celebraron un contrato de compraventa y tienen la obligación recíproca de pagar el precio acordado y de entregar los bienes o prestar el servicio.

En 2014, las autoridades fiscales mexicanas (Servicio de Administración Tributaria) dictaminaron que todas las facturas deben ser electrónicas, en formato de archivo XML. Además, deben ser verificadas por el sistema de la autoridad fiscal para su validación. La autoridad fiscal también exige una confirmación electrónica cuando el acreedor recibe el pago, junto con un recibo en formato XML como confirmación legal. Estos nuevos requisitos entraron en vigor en diciembre de 2017. El objetivo de estos cambios es reducir el número de casos de fraude y de empresas fantasma, ambos muy frecuentes en México.

Fase amistosa

Antes de iniciar un procedimiento judicial en México, los acreedores suelen intentar ponerse en contacto con sus deudores por teléfono. Se envía una carta al deudor en la que se le notifica el importe de la deuda y la intención del acreedor de negociar las condiciones de pago; otras medidas incluyen la visita de un especialista en cobros al deudor. Durante esta visita, el especialista en cobro intentará formarse una idea más detallada de la situación del deudor. El especialista se esforzará por determinar si la empresa sigue en activo y si cuenta con activos (como bienes inmuebles, mercancías u otros derechos) que pudieran ser embargados en caso de un proceso judicial.

Cuando los acreedores inician acciones de cobro con una fase amistosa, es habitual que las empresas deudoras desaparezcan por completo. Esto supone el cese de las actividades comerciales que podrían permitir el pago de las cantidades adeudadas.

Al establecer relaciones comerciales de exportación, se recomienda a las empresas que se aseguren de que toda la documentación se ajuste a la legislación mexicana. La falta de información y documentación correctas expone a los exportadores a la posibilidad de que se produzcan fraudes por parte de empresas mexicanas y reduce las probabilidades de recuperar con éxito la deuda durante la fase amistosa.

Procedimientos judiciales

Los «Medios Preparatorios a Juicio Ejecutivo Mercantil» son un proceso previo al judicial que se inicia cuando existe una factura como prueba del pago pendiente y de la relación comercial. Los acreedores solicitan al juez que dicte una citación al deudor o a su representante legal. A continuación, este obtiene la confesión y la aceptación de la deuda por parte del deudor, así como el pago pendiente. Dado que la confesión ante el juez constituye un documento ejecutivo, el acreedor puede entonces iniciar el proceso judicial denominado «Procedimiento Mercantil Sumario». Este proceso previo a la vía judicial dura aproximadamente dos o tres meses. Posteriormente, existen tres tipos de procedimientos que pueden iniciarse contra los deudores:

PROCEDIMIENTO MERCANTIL SUMARIO

Este proceso judicial se lleva a cabo cuando existe un certificado de deuda (pagarés, cheques o confesiones judiciales ante el juez por parte del deudor o de su representante legal). El proceso comienza con la fase de citación, en la que el acreedor inicia la demanda solicitando que el deudor abone el importe total de la deuda pendiente. Si el deudor no dispone de fondos suficientes, el acreedor puede solicitar que se embarguen algunos de sus bienes. Estos bienes pueden incluir inmuebles, mercancías, cuentas bancarias, derechos de propiedad industrial y marcas registradas, que se utilizarán como garantía del importe total de la deuda. Una vez embargados los bienes como garantía de la deuda, el proceso judicial continúa hasta que el juez dicta su resolución definitiva. A continuación, si no se llega a un acuerdo ni se produce el pago, el acreedor puede iniciar la subasta de los bienes para recuperar la deuda. Este proceso judicial dura aproximadamente entre seis y dieciocho meses, aunque esto puede variar según el caso.

PROCEDIMIENTO COMERCIAL ORDINARIO

Los procedimientos mercantiles ordinarios son el procedimiento que más tiempo lleva en el Derecho mercantil mexicano. Pueden llevarse a cabo sin necesidad de un certificado de deuda, lo que significa que la única prueba de una venta comercial entre las partes es el contrato comercial acompañado de las facturas. En este tipo de proceso, los bienes solo pueden embargarse como garantía del importe total de la deuda cuando el juez haya dictado su sentencia definitiva condenando al deudor al pago. Este proceso judicial dura aproximadamente entre uno y dos años.

PROCEDIMIENTO ORAL

El procedimiento oral se aplica cuando el importe total de la deuda no supera los 31 856,68 EUR. Al igual que en el procedimiento mercantil ordinario, los bienes solo pueden embargarse como garantía del importe total de la deuda cuando el juez haya dictado sentencia firme condenando al deudor al pago de la cantidad adeudada. Este proceso dura aproximadamente entre cuatro y seis meses. El 2 de mayo de 2017, el Congreso de México aprobó una modificación por la que se estableció que todas las controversias mercantiles se tramitaran mediante procedimientos orales, sin limitaciones en cuanto a los importes, con efecto a partir del 25 de enero de 2018.

Ejecución de una resolución judicial

Una sentencia es ejecutable tan pronto como adquiera carácter definitivo. Si el deudor no cumple la sentencia, el acreedor puede solicitar al tribunal una orden de ejecución forzosa, en forma de orden de embargo, venta de activos específicos o liquidación de la empresa. Este proceso dura entre seis meses y dos años.

Las sentencias extranjeras pueden ejecutarse mediante un procedimiento de exequátur. El tribunal verificará que se cumplan determinados requisitos antes de reconocer la resolución extranjera. El tribunal determina si el tribunal extranjero era competente para decidir sobre el asunto y si la ejecución de la resolución no entra en conflicto con la legislación mexicana o el orden público.

Procedimientos de insolvencia

PROCEDIMIENTOS EXTRAJUDICIALES

Con la aprobación de los acreedores que representen el 40 % de la deuda, los deudores pueden constituir un acuerdo de reorganización «preacordado». Esto permite al tribunal dictar una declaración de insolvencia y declarar a la empresa en concurso mercantil.

LIQUIDACIÓN

La liquidación solo puede ser solicitada por el propio deudor, pero este puede ser sometido a liquidación como consecuencia de no haber presentado una propuesta de reestructuración de la deuda aceptable para sus acreedores en el marco del procedimiento de concurso mercantil. Se nombra a un liquidador, al que se le confía la responsabilidad de gestionar la empresa, vender sus activos y distribuir el producto de la venta entre los acreedores según su orden de prelación.

Última actualización: 20 de noviembre de 2025