Alemania

Tímidos indicios de recuperación gracias a la inversión pública

El gran cambio se produjo en 2025. Tras las elecciones federales de febrero, el Bundestag revisó el freno constitucional al endeudamiento, permitiendo que los gastos en defensa y seguridad que superaran el 1 % del PIB quedaran exentos de sus normas. Además, se creó un fondo de inversión especial de 500 000 millones de euros para apoyar las infraestructuras y la protección del clima. De esta cantidad, 100 000 millones de euros se destinan a los estados federados (Bundesländer). Está previsto que el fondo tenga una vigencia de 12 años. Estas medidas suponen un cambio significativo con respecto al enfoque fiscal tradicionalmente estricto y disciplinado de Alemania. Para apoyar aún más a las empresas, el Bundestag introdujo el denominado «impulso a la inversión». Esto permite a las empresas aplicar una tasa de amortización del 30 % anual durante tres años a las inversiones en maquinaria y equipamiento, en lugar del método lineal estándar. Los vehículos eléctricos utilizados con fines comerciales también se beneficiarán de una amortización acelerada. A partir de 2028, está previsto que los tipos del impuesto de sociedades se reduzcan en un punto porcentual anual desde el 15 % actual, hasta alcanzar un tipo permanente del 10 % en 2032. Además, a partir de enero de 2026, el nuevo Gobierno tiene previsto reducir de forma permanente los impuestos sobre la electricidad para las empresas manufactureras y agrícolas, así como rebajar las tarifas de red. Aunque estas medidas ya han mejorado significativamente la confianza empresarial desde febrero de 2025 —aunque partiendo de un nivel muy bajo—, esto aún no se ha traducido en una recuperación económica más amplia a mediados de 2025. No se espera que en 2026 se produzca un auténtico repunte que permita salir de la leve recesión de los últimos años. En el sector de la defensa, las empresas existentes ya operan a plena capacidad, lo que significa que las adquisiciones adicionales llevarán tiempo. También hay escasez de personal para gestionar la expansión. En cuanto a las infraestructuras, los nuevos proyectos de construcción suelen requerir varios trimestres o incluso años de planificación antes de que puedan tener un impacto tangible. Por lo tanto, la recuperación económica a corto plazo debería derivarse principalmente del aumento de las inversiones empresariales que se mantuvieron en suspenso durante los últimos trimestres debido a la elevada incertidumbre en la planificación, y que probablemente se verán respaldadas por las deducciones fiscales y las perspectivas de inversión pública.

El consumo privado (el 52 % del PIB) debería repuntar con cautela en la segunda mitad de 2025, pero el repunte se producirá principalmente en 2026. Los salarios reales llevan aumentando desde el tercer trimestre de 2023 y han contribuido a recuperar las pérdidas de poder adquisitivo provocadas por la crisis de los precios de la energía que se produjo entre 2021 y 2023. En 2025, la tasa de crecimiento de los salarios reales volvió a niveles normales, situándose en torno al 1,5 % en el primer semestre del año, lo que es muy similar a las tasas de la época prepandémica, lo que refleja que la inflación y la evolución salarial se están desacelerando de forma sincronizada. Además, la tasa de ahorro descendió notablemente desde un máximo del 11,8 % de la renta disponible en el tercer trimestre de 2024 hasta el 10,4 % en el primer trimestre de 2025, lo que vuelve a situarse en línea con el nivel anterior a la pandemia. La modesta reactivación del consumo privado debería ir acompañada de una tímida recuperación de la construcción, gracias a una situación financiera más favorable que en los últimos años. A mediados de 2025, el BCE había recortado su tipo de depósito en 25 puntos básicos en todas y cada una de las reuniones celebradas desde junio de 2024, lo que situó el tipo en el 2,0 % en junio de 2025 —un nivel considerado neutro— desde el 4,0 %. Dado el bajo nivel de crecimiento económico en la zona del euro, junto con el hecho de que la inflación se acerca al objetivo del 2 %, se esperan dos recortes más de 25 puntos básicos para 2025. A más largo plazo, el BCE debería mantener el tipo sin cambios, aunque podrían producirse dos recortes más en 2026. La inversión empresarial también debería beneficiarse del menor nivel de los tipos de interés, además de las deducciones fiscales y los menores costes energéticos, especialmente en 2026. El comercio exterior, sin embargo, seguirá siendo, por ahora, la gran incógnita para 2025-2026. Aunque existe un primer acuerdo entre EE. UU. y la UE sobre unos aranceles futuros del 15 % para los productos de la UE en EE. UU., aún hay muchas incertidumbres en torno a los detalles y la aplicación. Estados Unidos es el principal socio comercial de Alemania en materia de exportaciones, ya que representa el 10 % del total de las exportaciones de bienes, y esto podría tener un impacto negativo significativo, sobre todo si otros socios comerciales importantes de Alemania, como China, los Países Bajos y Francia, también se ven afectados negativamente y registran una menor demanda de productos alemanes.

La política fiscal da un giro de 180 grados

Tras años de austeridad fiscal, ha surgido un nuevo consenso en la sociedad alemana: ahora se considera aceptable el endeudamiento, siempre que se destine a inversiones orientadas al futuro. En consecuencia, el presupuesto federal para 2025 prevé inversiones récord por valor de 115 000 millones de euros, lo que supone un aumento del 55 % con respecto a 2024. Estos fondos se destinan principalmente a infraestructuras ferroviarias, centros educativos y de atención a la infancia, proyectos de vivienda, digitalización y —en el marco del nuevo marco estratégico— a la protección del clima y la defensa. Se espera que la mayor parte del aumento del gasto comience a materializarse durante el último trimestre de 2025. En 2026, se prevé que los niveles de inversión sigan aumentando, y que el gasto en infraestructuras y en medidas relacionadas con el clima crezca un 56 % respecto al año anterior. También se prevé que las Fuerzas Armadas alemanas amplíen su gasto. Este último pasó del 1,9 % del PIB en 2024 al 2,4 % en 2025 (incluidas las pensiones) y debería aumentar gradualmente hasta el 3,5 % en 2029. Aunque el Gobierno ha anunciado medidas de ahorro (dirigidas especialmente a la administración pública), estas distan mucho de ser suficientes para compensar el aumento de las necesidades financieras. En consecuencia, se prevé que el déficit presupuestario federal supere el umbral del 3 % en 2026 y que los niveles de deuda pública vuelvan a aumentar. Sin embargo, no se prevé que se inicie un procedimiento de déficit de la UE. Se espera que la Unión Europea conceda excepciones, en particular para los gastos relacionados con la defensa.

El superávit por cuenta corriente de Alemania se debe en gran medida a su comercio de bienes. La trayectoria futura de este saldo sigue siendo incierta y dependerá en gran medida de la reacción de los importadores estadounidenses ante los nuevos aranceles de EE. UU. sobre los productos de la UE, así como de los posibles efectos de la competencia con otros países en lo que respecta al comercio con EE. UU. En general, el superávit comercial de bienes debería situarse en un nivel algo inferior al de años anteriores.

Pequeña gran coalición frente a una fuerte oposición

En febrero de 2025 se celebraron elecciones anticipadas en Alemania después de que la antigua coalición «semáforo», formada por el Partido Socialdemócrata (SPD), los Verdes ecologistas y el Partido Liberal (FDP), se desintegrara a raíz de la disputa sobre el presupuesto federal de 2025. Con un 28,5 % de los votos, la Unión Demócrata Cristiana (CDU-CSU) se erigió como el partido más votado tras ganar 4,4 puntos porcentuales en comparación con las elecciones de 2021. La formación de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) se convirtió en la segunda fuerza política del Bundestag con un 20,8 %, lo que supuso el mejor resultado de su historia. Estos avances se produjeron en gran medida a costa de los antiguos partidos del Gobierno: el SPD obtuvo un 16,4 % (un descenso de 9,3 puntos porcentuales), el peor resultado de sus 162 años de historia; los Verdes, un 11,6 % (-3,1 puntos porcentuales), y el FDP, solo un 4,3 % (-7,1 puntos porcentuales). Este último no logró superar el umbral del 5 % necesario para entrar en el Parlamento y, en consecuencia, perdió sus escaños. Un destino similar corrió el BSW, de tendencia conservadora de izquierda, que tampoco consiguió representación. Por el contrario, el Partido de Izquierda ganó apoyo, alcanzando el 8,8 %. Antes de que se disolviera el Bundestag saliente y se constituyera el nuevo, el líder de la CDU y futuro canciller, Friedrich Merz, logró convencer al SPD y a los Verdes para que se unieran a la CDU/CSU en la modificación de la Constitución alemana. En el contexto de la guerra en curso en Ucrania, se modificó el «freno a la deuda» para permitir que se excluyeran los gastos en defensa y seguridad, con un límite máximo del 1 % del PIB. Además, se creó un fondo especial para infraestructuras y protección climática. La modificación de la Constitución requiere una mayoría parlamentaria de dos tercios, lo que aún era factible en el Bundestag saliente. En el Parlamento recién elegido, sin embargo, la cooperación entre partidos se ha vuelto más difícil. El nuevo Gobierno supone el regreso a una «gran coalición» entre la CDU/CSU y el SPD, aunque solo cuenta con una mayoría relativamente ajustada del 52 % de los escaños. La oposición está liderada por la AfD, que cuenta con el 24 % de los escaños, los Verdes, con el 13 %, y el Partido de Izquierda, con el 10 %, lo que les da suficiente influencia para bloquear nuevas iniciativas a gran escala. La CDU/CSU se ha comprometido a no cooperar ni con la AfD ni con el Partido de Izquierda, lo que hace poco probable que se produzcan nuevas reformas constitucionales. Tal y como están las cosas, el nuevo Gobierno parece relativamente estable, y las próximas elecciones federales no están previstas hasta 2029.

Pago

La transferencia bancaria (Überweisung) sigue siendo la forma de pago más habitual. Todos los principales bancos alemanes están conectados a la red SWIFT, lo que les permite ofrecer un servicio de transferencia de fondos rápido y eficaz. El esquema básico de domiciliación bancaria de la SEPA y la domiciliación bancaria B2B de la SEPA son las formas más recientes de domiciliación bancaria.

Las letras de cambio y los cheques no se utilizan de forma muy extendida en Alemania como instrumentos de pago. Para los alemanes, una letra de cambio implica una situación financiera crítica o desconfianza hacia el proveedor. Los cheques no se consideran un pago en sí mismos, sino un «intento de pago»: dado que la legislación alemana no reconoce el principio de los cheques certificados, el emisor puede anular el pago en cualquier momento y por cualquier motivo. Además, los bancos pueden rechazar los pagos cuando la cuenta emisora no dispone de fondos suficientes. Los cheques sin fondos son bastante habituales. Por regla general, las letras de cambio y los cheques no se consideran instrumentos de pago eficaces, aunque dan derecho a los acreedores a acceder a un procedimiento «acelerado» de cobro de deudas en caso de impago.

Cobro de deudas

Fase amistosa

El cobro amistoso es un paso esencial para el éxito de la gestión del cobro. El proceso de cobro suele comenzar con el envío al deudor de un último requerimiento de pago, por correo ordinario o certificado, en el que se le recuerda sus obligaciones de pago.

De acuerdo con la Ley de aceleración de los pagos vencidos (Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen), se considera que un deudor se encuentra en mora si la deuda sigue sin pagarse en un plazo de 30 días a partir de la fecha de vencimiento y tras la recepción de una factura o solicitud de pago equivalente, salvo que las partes hayan acordado un plazo de pago diferente en el contrato de compraventa. Además, el deudor está obligado a pagar intereses de demora y gastos de reclamación una vez transcurrido este plazo.

El cobro de deudas es una práctica recomendable y habitual en Alemania.

Procedimientos judiciales

Procedimiento acelerado

Siempre que la reclamación no sea objeto de controversia, el acreedor puede solicitar un auto de pago (Mahnbescheid) mediante un procedimiento simplificado y económico. El acreedor describe los detalles de su reclamación y, posteriormente, puede obtener un título ejecutivo con bastante rapidez a través del Servicio de Reclamaciones en Línea (Mahnportal), interfaces directas o (solo para particulares) formularios preimpresos. Estos procedimientos automatizados y centralizados (para cada Bundesland, estado federado) están disponibles en toda Alemania.

Este tipo de acción es competencia del tribunal local (Amtsgericht) de la región en la que se encuentre el domicilio o la sede social del solicitante. Para los acreedores extranjeros, el tribunal competente es el Amtsgericht Wedding (en Berlín). La representación legal no es obligatoria.

El deudor dispone de dos semanas a partir de la notificación para pagar sus deudas o impugnar el requerimiento de pago (Widerspruch). Si el deudor no presenta objeciones dentro de este plazo, el acreedor puede solicitar un título ejecutivo (Vollstreckungsbescheid).

Procedimiento ordinario

Durante el procedimiento ordinario, el tribunal puede instar a las partes o a sus abogados a fundamentar su reclamación, cuya valoración corresponde exclusivamente al tribunal. Asimismo, se solicita a cada parte que presente, dentro del plazo establecido, un escrito de alegaciones en el que exponga sus pretensiones.

Una vez examinada debidamente la demanda, se celebra una vista pública en la que el tribunal dicta una sentencia motivada (begründetes Urteil).

La parte perdedora correrá, por regla general, con todas las costas procesales, incluidos los honorarios del abogado de la parte ganadora, en la medida en que dichos honorarios se ajusten al Baremo Oficial de Honorarios (la Ley de Honorarios de Abogados, Rechtanwaltsvergütungsgesetz, RVG). En caso de éxito parcial, los honorarios y gastos correrán a cargo de cada parte de forma prorrateada. Los procedimientos ordinarios pueden durar entre tres meses y un año, mientras que los recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo federal pueden prolongarse hasta seis años.

Se puede interponer un recurso de apelación (Berufung) contra la resolución del tribunal de primera instancia si la cuantía del litigio supera los 600 €. El tribunal de primera instancia también admitirá un recurso de apelación si el asunto plantea una cuestión de principio o requiere una revisión de la ley para garantizar una «jurisprudencia coherente».

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Ejecución de una resolución judicial

La ejecución puede iniciarse una vez dictada la sentencia firme. Si los deudores no cumplen la sentencia, se podrán cerrar sus cuentas bancarias y/o un agente judicial local podrá proceder al embargo y a la venta de sus bienes.

En el caso de sentencias extranjeras, para obtener un exequátur, el acreedor necesita una traducción al alemán de la resolución certificada por notario, que además debe estar reconocida, un título ejecutivo de dicha sentencia y una cláusula de ejecución. Las sentencias de los tribunales de los Estados miembros de la UE se reconocen sin necesidad de ningún otro trámite, salvo que sean de aplicación determinadas restricciones derivadas del Derecho europeo.

Procedimientos de insolvencia

PROCEDIMIENTOS EXTRAJUDICIALES

Los deudores pueden intentar renegociar sus deudas con sus acreedores, lo que contribuye a protegerlos frente a las solicitudes de pago anticipado. No obstante, el procedimiento redunda en interés de los acreedores, ya que puede ser más rápido y suele resultar menos costoso que un procedimiento de insolvencia formal.

REESTRUCTURACIÓN

Tras la presentación de una solicitud ante el tribunal de insolvencia por motivos de iliquidez o sobreendeudamiento, el tribunal puede incoar un procedimiento preliminar de insolvencia, en el que nombra a una administración preliminar encargada de estudiar las posibilidades de reestructuración de la empresa. Si la administración autoriza dicha reestructuración, se inicia entonces un procedimiento formal y se nombra a un administrador encargado de continuar con la actividad del deudor, preservando al mismo tiempo sus activos.

LIQUIDACIÓN

La liquidación puede iniciarse a petición del deudor o del acreedor, siempre que el deudor sea incapaz de saldar sus deudas a su vencimiento. Una vez reconocida mediante una resolución de liquidación y una vez que la empresa haya sido dada de baja del registro, los acreedores deberán presentar sus reclamaciones ante el administrador de la liquidación en un plazo de tres meses a partir de la publicación.

RESERVA DE PROPIEDAD

Se trata de una cláusula escrita incluida en el contrato por la que el proveedor conservará la propiedad de los bienes entregados hasta que el comprador haya abonado íntegramente el precio. Existen tres modalidades de esta reserva:

retención simple: el proveedor conservará la propiedad de los bienes suministrados hasta que el comprador haya efectuado el pago íntegro;

retención ampliada: la retención se amplía a la reventa de los bienes resultantes; el comprador cederá al proveedor inicial los derechos derivados de la reventa a un tercero;

retención ampliada: la retención se extiende a los bienes transformados en un nuevo producto y el proveedor inicial sigue siendo el propietario o copropietario hasta el valor de su entrega.

Última actualización: julio de 2025