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ArgentiaRalentización del crecimiento en un contexto de dificultades internas y externas
La actividad económica se ralentizó en 2024, lo que reflejó la intensificación de los desequilibrios macroeconómicos y el fuerte deterioro de las cuentas exteriores. El consumo de los hogares (el 68 % del PIB) siguió sustentando el crecimiento, pero el aumento de la inflación de los alimentos y el transporte —debido a la escasez de bienes y combustible, agravada por las malas condiciones meteorológicas y el endurecimiento de los controles de divisas— erosionó el poder adquisitivo. La escasez crónica de divisas (USD) y la consiguiente ampliación de la brecha entre los tipos de cambio oficiales y paralelos agravaron las presiones inflacionistas, mientras que el riesgo de abandonar la paridad con el dólar amenazaba la estabilidad monetaria. Aunque algunos hogares dedicados a la extracción artesanal de oro se beneficiaron de los elevados precios internacionales, la inversión privada en general se mantuvo moderada debido a los elevados costes de financiación, la incertidumbre política y las restricciones al crédito disponible —la mayor parte del cual se redirigió hacia la financiación del déficit público—. El gasto público también se enfrentó a limitaciones cada vez mayores, a medida que las reservas de divisas se reducían y la financiación externa permanecía en gran medida bloqueada. En el ámbito exterior, las exportaciones netas continuaron disminuyendo debido a la caída de la producción de gas natural, las perturbaciones agrícolas relacionadas con El Niño, el acopio estratégico de materias primas como la soja y la escasez de combustible, que dificultan cada vez más tanto las actividades mineras como las agrícolas.
En 2025, se prevé que el ritmo de la actividad económica se desacelere aún más a medida que los amortiguadores temporales que sostuvieron el crecimiento el año anterior pierdan fuerza. El menor consumo de los hogares, provocado por los factores negativos ya observados en 2024 y agravado por la reducción de las ayudas y el aumento del desempleo, pesará aún más sobre la demanda interna. Al mismo tiempo, se prevé que la incertidumbre política en torno a las elecciones generales retrase aún más las decisiones de inversión, tanto públicas como privadas. Si bien es probable que el Gobierno mantenga políticas expansionistas durante el primer semestre del año para reforzar el apoyo electoral, el rápido estrechamiento del margen de maniobra fiscal —a medida que se intensifican las restricciones de liquidez— conducirá inevitablemente a un descenso en términos reales. Además, la posibilidad de una devaluación de la moneda tras las elecciones podría desencadenar un ajuste brusco de los precios relativos, lo que añadiría volatilidad a la demanda interna. Se prevé que la contribución de las exportaciones netas se deteriore aún más, especialmente en lo que respecta a las ventas de gas, a medida que Argentina y Brasil continúan diversificando su suministro energético. Por otra parte, las exportaciones de carne de vacuno se han restringido para limitar la inflación interna de los alimentos, lo que lastra aún más los ingresos externos. La puesta en marcha prevista de las inversiones en litio puede suponer un avance simbólico, pero es poco probable que aporte un apoyo macroeconómico significativo a corto plazo.
Elevados déficits gemelos y bajas reservas de divisas
El déficit por cuenta corriente se amplió en 2024, debido principalmente a la caída de los ingresos por exportaciones de gas natural, productos agrícolas y minerales —la producción de estos dos últimos se vio afectada por perturbaciones relacionadas con el clima y por la creciente escasez de combustible—. Aunque las importaciones siguieron viéndose restringidas por la persistente escasez de divisas y los controles administrativos, ello no fue suficiente para compensar la caída de las exportaciones. Las remesas de los expatriados y el turismo ofrecieron cierto apoyo, pero la inversión extranjera siguió siendo mínima. En 2025, se prevé que el déficit por cuenta corriente se agrave aún más. Las exportaciones de gas volverán a descender, mientras que las exportaciones no tradicionales se enfrentan a los mismos riesgos logísticos y climáticos. La demanda de importaciones podría aumentar ligeramente en la segunda mitad del año, debido al gasto previo a las elecciones y al aumento de las necesidades de combustible. En la cuenta de capital y financiera, la persistente incertidumbre política y la fragilidad institucional siguen disuadiendo tanto la inversión extranjera directa (IED) como las entradas de cartera, lo que deja el déficit por cuenta corriente en gran medida sin cubrir. Si bien las inversiones en litio respaldadas por China podrían ofrecer cierto alivio, su puesta en marcha sigue siendo incierta debido a los bloqueos legislativos y los retrasos burocráticos. Las salidas de capital camufladas como «errores y omisiones» —que reflejan en parte el contrabando de oro, la fuga de capitales informal y la fuga transfronteriza de alimentos y combustible subvencionados— siguen siendo elevadas. Como resultado, continúan las reducciones de las reservas. En diciembre de 2024, las reservas internacionales habían caído hasta los 1 980 millones de dólares, de los cuales 1 890 millones estaban en oro (en el mínimo legal), y solo 47 millones de dólares estaban en divisas líquidas, lo que ha limitado gravemente la liquidez externa de Bolivia y su capacidad para gestionar las presiones sobre la balanza de pagos en 2025.
En el ámbito presupuestario, el déficit público de Bolivia se mantuvo considerable en 2024, impulsado por el elevado gasto preelectoral —en particular en subsidios a los combustibles y los alimentos, que representan alrededor del 4,0 % del PIB— y por la continua disminución de los ingresos procedentes del gas. En 2025, se prevé que el déficit presupuestario aumente aún más, debido a los débiles resultados en materia de ingresos y al elevado gasto público de cara a las elecciones generales de agosto. Con un acceso limitado a los mercados externos y unos rendimientos de los bonos superiores al 20 %, el Gobierno depende cada vez más de la financiación interna, especialmente del banco central y de los fondos de pensiones. A finales de 2024, solo el 35 % de la deuda pública estaba en manos de acreedores externos —en su mayoría, deuda concesional a largo plazo contraída con organismos multilaterales—. Además, alrededor del 92 % del stock total de deuda está denominado en dólares, lo que deja a las finanzas públicas muy vulnerables a la depreciación del tipo de cambio, especialmente teniendo en cuenta las reservas utilizables críticamente bajas y la creciente presión sobre el boliviano.
Intensa inestabilidad política de cara a las elecciones generales de 2025
La estabilidad del Gobierno del presidente Luis Arce sigue siendo frágil a medida que Bolivia se acerca a las elecciones generales previstas para el 17 de agosto de 2025. El partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), está profundamente dividido entre la facción moderada «arcista» de Arce y los «evistas», leales al expresidente Evo Morales, a quien el Tribunal Constitucional declaró inelegible para presentarse a un cuarto mandato a finales de 2023. Desde entonces, Morales ha fundado un nuevo partido político, «Evo Pueblo», y sigue cuestionando el liderazgo de Arce desde fuera del MAS, a pesar de enfrentarse a graves acusaciones judiciales y a una orden de detención, cuya ejecución es poco probable debido a la preocupación por posibles disturbios. La división interna, unida al empeoramiento de la situación económica —que incluye una grave escasez de dólares, una inflación al alza y el colapso de la confianza de la ciudadanía—, elevó el índice de desaprobación de Arce a casi el 80 % a principios de 2025. En este contexto, se prevé que las próximas elecciones sean muy reñidas. La oposición centrista, conocida como el bloque de la «Tercera vía», parece actualmente la mejor posicionada para derrotar a Arce en una segunda vuelta, ya que se beneficia del creciente descontento público y de la fragmentación del voto del MAS entre Arce y Morales. Hasta las elecciones, es probable que el Gobierno de Arce siga manteniendo unos elevados niveles de gasto público y defendiendo el tipo de cambio fijo, apoyándose en una financiación externa cada vez más escasa para contener el malestar y conservar el apoyo político. Sin embargo, el persistente bloqueo legislativo —basado en una alianza táctica entre la facción evista y la oposición de derecha destinada a obstaculizar la agenda de Arce— y la polarización cada vez más profunda sugieren que la inestabilidad institucional y económica de Bolivia seguirá arraigada durante todo el período electoral.
En el ámbito internacional, Bolivia ha estado reforzando activamente sus alianzas internacionales, en particular con China y Brasil, para impulsar el desarrollo económico. En noviembre de 2024, el Gobierno boliviano firmó un acuerdo histórico con el consorcio chino CBC, una filial de CATL, el principal productor mundial de baterías de litio. La inversión, de 1 000 millones de dólares, tiene como objetivo construir dos plantas de carbonato de litio en el salar de Uyuni, con una capacidad de producción anual conjunta de 35 000 toneladas métricas. El Gobierno boliviano poseerá una participación del 51 % en la empresa conjunta, lo que refleja su compromiso de convertirse en un actor clave en el mercado mundial del litio. Al mismo tiempo, Bolivia ha venido reforzando sus lazos con Brasil. En julio de 2024, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió con el presidente boliviano, Luis Arce, en Santa Cruz de la Sierra para debatir la ampliación de las relaciones bilaterales entre ambos países. Los líderes firmaron acuerdos para reforzar la cooperación en materia de agricultura, infraestructuras y protección del medio ambiente. Se prestó especial atención a la cooperación en materia de política industrial para la exploración y producción de litio, con el objetivo de integrar a ambos países en nuevas corrientes comerciales y mejorar el acceso al océano Pacífico.